El derecho no es una ciencia exacta y el legislador debería modificar las leyes para ser más claro en este punto y no ocasionar confusión. Es probable que Garzón se equivocara, como tantas veces otros tantos jueces pero, por el mero hecho de equivocarse, un juez no incurre en un delito de prevaricación. Si así fuera, todos los jueces serían delincuentes.
Vía lavanguardia.com
Qué difícil es separar ciertas resoluciones judiciales de la visión política, y más cuando el personaje encausado ha cruzado la barrera entre la judicatura y la política.
Hace ya tiempo reseñaba en Yo discrepo pero no prevarico un artículo de la magistrada Clara Bayarri hablando de voto particular que en cierta medida sigue la misma línea que el de Francesc Carreras en La Vanguardia que encabeza este post:
Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos.
